Todas las administraciones públicas deberán informar sobre el porcentaje de pymes que se presentan a cada concurso público y qué dificultades técnicas o económicas tienen

En marzo entrará en vigor la nueva Ley de Contratos Públicos en España que pretende, entre otros objetivos, fomentar el acceso de las pymes a contratos por obras y servicios con todas las administraciones públicas, desde la local a la estatal. Para ello, por primera vez, las entidades que diseñen los pliegos de condiciones, están obligadas a realizar un cuestionario con información sobre una serie de aspectos que ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

En primer lugar y según publica la Agencia EFE, hay que tener en cuenta que la legislación establece como pyme a las empresas con menos de 250 personas contratadas y cuyo volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros.

Sobre éstas, las administraciones públicas tienen la obligación de informar a la Comisión Europea la capacidad real que tienen las empresas a la hora de presentarse a un concurso convocado por una entidad pública. Deberán especificar qué condiciones técnicas, económicas y fiscales consideran que repercuten negativamente en la participación de las mercantiles de tamaño mediano, en los procesos de adjudicación de servicios públicos.

Junto con ello tendrán que aportar más detalles sobre la dificultad que se encuentran a la hora de elaborar ofertas, describir cuáles han sido estos escollos. Por otro lado tendrán que detallar las dificultades relacionadas con la solvencia económica y financiera o técnica y profesional que rodean cada procedimiento.

El cuestionario de obligado cumplimiento por exigencia europea, recoge apartados para que se propongan alternativas en la elaboración de modelos de concursos públicos en aras de incrementar el porcentaje de participación de pymes en los mismos. Y es que, otro de los parámetros que se dará a conocer con la implantación de esta ley, es el porcentaje de pymes que participa en cada uno de los concursos públicos con respecto a las grandes empresas, unos datos que de momento no tiene porqué publicar ninguna administración local y que en 2018 se impondrá a través de una directiva europea.

FUENTE: CINCODÍAS