Las patronales de las pequeñas empresas aplauden la idea. Los autónomos auguran mayores costes y complejidad.

La reclamación de las pequeñas empresas para disponer de un IVA europeo más adaptado al tamaño de su negocio está más cerca. La propuesta lanzada hace unas semanas por Bruselas es bien recibida, con matices que esperan se mejoren durante la tramitación.

Se busca simplificar el impuesto mediante medidas que reduzcan los costes de cumplimiento de la normativa en materia de IVA para las empresas más pequeñas, gastos que resultan desproporcionados en comparación con los de pymes que operan solo en su propio país y con los de grandes empresas. Y la propuesta aborda los casos de exención del IVA.

Desde Cepyme reciben positivamente la intención de la CE, puesto que “recoge un reconocimiento de los problemas específicos de las pymes, en general, y de las pequeñas empresas, en particular”. Francisco Aranda, portavoz de la confederación madrileña CEIM, coincide en que “todas aquellas medidas que estén orientadas a aligerar trámites administrativos serán bien recibidas”.

En cuanto a la posibilidad de que los Estados miembros tengan mayor margen de maniobra para aplicar tipos de gravamen reducidos y superreducidos en el IVA, Aranda resalta que, “si se pusiera en marcha, contribuiría a dinamizar el consumo y, por tanto, la economía”.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en cambio, es bastante crítica: “Aunque compartimos el objetivo de establecer un sistema de IVA más robusto, menos abierto al fraude y más simple, creemos que la propuesta va en el sentido opuesto, ya que complica el sistema. Obligar a pymes y autónomos a aplicar 28 IVA diferentes en la UE, según el país de destino, creará costes adicionales y mayor inseguridad jurídica”, asegura Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la entidad.

En Pimec, la patronal de las pequeñas empresas catalanas, creen que la simplificación del IVA para las pymes que facturan hasta dos millones de euros es una prioridad y apoyan la exención del impuesto en caso de cifras de ventas irrelevantes.

11% más costoso es el cumplimiento del IVA para las empresas que operan en otros países frente a las que no salen del propio, estiman en Bruselas.

18% es la proporción en la que se reducirán estos gastos con las medidas de Bruselas, pronostican en Cepyme.

Las consecuencias de aplicar las medidas presentadas por la UE serían realmente importantes ya que, por ejemplo, se espera que los costes de cumplimiento en que incurren las pymes se reduzcan en un 18%, es decir, en aproximadamente unos 1.080 millones de euros al año. Pero estiman que las actividades comerciales transfronterizas de las pequeñas compañías dentro de la UE se incrementen en un 13,5%.

No son de la misma opinión en ATA, quienes prevén un impacto negativo “no solo por el esfuerzo y coste que requerirá facturar en cada caso en función de un IVA distinto, sino porque tememos que la figura de empresa certificada (CTP) propuesta, que permitiría recibir los pedidos sin IVA en las relaciones entre compañías, solo beneficie a las grandes, debido a lo complicado y caro que supone acceder a ese estatus. Debería de ser rápido, barato y fácil para pymes y autónomos”. La patronal catalana también advierte de que acceder al estatus de CTP supondrá un aumento de las cargas administrativas.

Otra cuestión sobre el tapete es la exención del IVA a empresas que no superen cierto volumen de negocio. “Desde Cepyme vemos la necesidad de mantener este tipo de exención y los Estados socios deberían estar obligados a aplicarla. Sin embargo, tales exenciones deberían diseñarse de forma que no creen una competencia desleal para las pymes no exentas y, asimismo, no debería suponer un incentivo para el fraude”.

Alcance. Las pymes que facturen menos de dos millones podrán gozar de medidas de simplificación del registro en materia de IVA, de la facturación o de las obligaciones de llevanza de libros.

Exenciones. Los Estados miembros podrán liberar a las pequeñas empresas exentas del IVA de las obligaciones en materia del impuesto en relación con la identificación, la facturación, la contabilidad y las declaraciones.

Límite. 100.000 euros es el volumen de negocio máximo para que las empresas que operen en más de un Estado puedan acogerse a la exención.

Aquí hay que explicar que actualmente solo pueden beneficiarse de la exención en su propio país, pero no en otros Estados miembros con quienes mantienen relaciones comerciales. “Es muy importante que esta exención se alcance igualmente a nivel europeo, puesto que ampliaría los mercados para este tipo de empresas y se aprovecharía plenamente el potencial del mercado único vendiendo en otros Estados comunitarios distintos del suyo y reduciendo la carga fiscal y los costes administrativos que supone la transacción de estos productos o servicios”, concluyen en la patronal nacional.

FUENTE: CINCODÍAS