Una directiva prohibirá represalias como el acoso o el despido. La CE quiere alentar y proteger a las fuentes de escándalos como LuxLeaks o Cambridge Analytica.

La Comisión Europea ha aprobado este lunes un proyecto de directiva que pretende blindar laboralmente a los empleados que revelen información interna sobre prácticas fraudulentas de sus compañías, una arriesgada decisión que en los últimos meses ha ido a más y que ha permitido descubrir escándalos fiscales como los ligados a los LuxLeaks o Panama Papers, fraudes medioambientales como el Dieselgate o violaciones de la privacidad como la de Cambridge Analitica.

Bruselas quiere evitar que las fuentes de esas informaciones sean rastreadas por las compañías o por los organismos públicos y represaliadas por su colaboración con la justicia y con el interés público, como ha ocurrido recientemente, en varios países. Según la CE, solo 10 países de la UE, entre los que no figura España, cuentan con una legislación que garantiza de manera fehaciente la protección del informante.

"La protección disponible actualmente en la UE es fragmentada, en función de los Estados miembros, y desigual en relación con las áreas que protege", lamenta la Comisión en el documento que acompaña al proyecto de directiva.

El temor a represalias retrae las denuncias. Según los datos que maneja la CE (en base a una encuesta en 13 países), un tercio de los trabajadores ha observado conductas inapropiadas en sus centros de trabajo. Un 59% informó a sus superiores y en un 36% de los casos fueron castigados por ello.

La directiva fija unos estándares mínimos protección para los chivatos de (o whistleblowers, en inglés), tanto en el sector público como en el privado siempre que la información ataña a una violación de la legislación comunitaria. en áreas como el lavado de dinero, la seguridad alimentaria, la protección medioambiental, la seguridad nuclear o la licitación pública. La protección también se ofrecerá a los empleados que informen sobre violaciones de la normativa sobre competencia o del impuesto de sociedades.

La nueva norma, que deberá ser aprobada por los Gobiernos y el Parlamento Europeo para entrar en vigor, prohíbe cualquier tipo de represalia o castigo al informante. Y en caso de que se produzcan, el trabajador deberá disponer asesoría gratuita y de medidas de protección que impidan su acoso o su despido. 

Para evitar denuncias falsas o malintencionadas, el proyecto de directiva supedita la protección a que el trabajador haya utilizado primero los canales internos de denuncia confidenciales que deberán establecer en empresas y organismos. Pero si esos canales no son eficientes o pueden ir en detrimento de la futura investigación, el empleado podrá recurrir a la denuncia pública y tener garantizada la protección.

La directiva obligará a todas las empresas con más de 50 empleados o con una facturación anual superior a los 10 millones de euros a establecer un protocolo interno de gestión de las denuncias procedentes del seno de la compañía sobre presuntas irregularidades.

La nueva ley también se aplicará a las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales, así como a los municipios de más de 100.000 habitantes.

FUENTE: CINCODÍAS