Hay que ser prudentes ante el inicio de las negociaciones de la nueva Política Agrícola Común (PAC), cuyo desenlace puede tardar hasta un año. Sin embargo, se auguran recortes, aunque puede que todo quede en un 3,5 o un 4% , va a ser un recorte más que drástico para las cuentas de agricultores y ganaderos y es que, no se trata de que la Comisión Europea quiera quitar un 5% a los fondos de la PAC, sino que además conlleva una pérdida del 4%  de los pagos directos a lo que hay que sumar, una reducción del 15 % de los fondos destinados a la política de Desarrollo Rural, según las primeras estimaciones. Teniendo en cuenta también la inflación a lo largo de todo el periodo presupuestario, por lo que el recorte supondría una pérdida real de cerca del 17% de las ayudas, porque de la política de cohesión, dependen numerosas líneas que repercuten directamente en el desarrollo rural. Los ajustados márgenes de rentabilidad con los que hoy trabaja el sector agroganadero, y que además no es previsible que en los próximos años perciba mayores precios por su producción, está claro que un recorte de las ayudas implica una caída de la renta disponible para el agricultor y el ganadero. 

 

El presupuesto nuevo de la Política Agraria Comunitaria tiene la única pretensión de esconder la realidad: la salida del Reino Unido, que se traducirá en que habrá menos dinero, y afectará especialmente a España, uno de los países con mayor peso en el reparto de fondos de política agraria. Prometiendo que lo que no ponga Europa lo va a poner el Estado español o las comunidades autónomas, solo son buenos deseos, hay que ser muy ingenuo para pensar que ahora, tras varias décadas en las que la política agraria nacional y autonómica han estado desmanteladas, limitándose a gestionar lo que indica Bruselas, se van a improvisar medidas con presupuesto propio, cuando la realidad es que no hay presupuesto para casi nada.