El nuevo Reglamento establece una serie de cambios imprescindibles en el tratamiento de los datos personales que tienen las asesorías. Por tanto, habrá que adecuar sus formularios  a los nuevos derechos, tales como la portabilidad y el derecho al olvido, así como cambiar los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de los mismos. Además se deberá adaptar la política de privacidad a través de los diferentes medios y formatos que se utilicen para recabar información.

Los principales hitos para adaptarse al nuevo Reglamento que entra en vigor el próximo 25 de mayo son los siguientes:

Aunque el Delegado de Protección de Datos sólo es obligatorio -aparte de para las administraciones públicas- para las empresas que tratan datos sensibles o a gran escala, cualquier compañía puede asumirlo voluntariamente.

En caso de no ser necesario se debe designar a la/s persona/s responsables del tratamiento para coordinar la adaptación. También se puede externalizar.

La obligatoriedad de inscribir los ficheros en la Agencia será sustituida el 25 de mayo por la de un Registro de Actividades de Tratamiento.

Se ha de tener en cuenta su finalidad a la hora de tratarlos, detallando artículo 30.2 RGPD el contenido del Registro de Actividades que el encargado de tratamiento debe llevar. Se tendrá que revisar los tratamientos de datos que la asesoría realiza y en una segunda fase revisar las nuevas obligaciones que el RGPD impone al responsable del tratamiento y que se deben incluir en el registro de actividades como son:

- Atención a los derechos de las personas y las garantías que se le dan para ejercerlos.

- Notificación de una quiebra de seguridad de los datos personales a la autoridad de control y a los interesados.

Los riesgos, en el caso de las personas físicas, se pueden diferenciar en dos grandes grupos:

 

Dependiendo de los resultados del análisis de riesgos, para cada uno de los que se identifiquen deberán establecerse tantas medidas de seguridad como sean necesarias para garantizar un nivel de seguridad y control adecuado que reduzca la exposición al riesgo.

Cuando se produzca una quiebra de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a la autoridad de protección de datos competente, a menos que sea improbable que la violación suponga un riesgo para los derechos y libertades de los afectados.

La notificación de la quiebra a las autoridades debe producirse sin dilación indebida y, a ser posible, dentro de las 72 horas siguientes a que el responsable tenga constancia de ella.

Esta notificación incluirá la naturaleza de la violación, las categorías de datos y de interesados afectados, las medidas adoptadas por el responsable para solventar la quiebra y, en su caso, las medidas aplicadas para paliar los posibles efectos negativos sobre los interesados.

A partir de los resultados del análisis de riesgos habría que realizarla. No obstante, en principio las asesorías no están obligadas a hacerla, pues se considera obligatoria cuando exista:

Alto riesgo (para los derechos y libertades de las personas físicas)

Evaluación sistemática (cuando se evalúen aspectos personales de personas físicas basadas en un tratamiento automatizado, p.ej. perfiles)

Tratamiento a gran escala de datos especialmente protegidos (p. ej. condenas e infracciones penales )

Uso de tecnologías invasivas (videovigilancia, datamining, biometría, etc …)

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

 

FUENTE: ESPACIO ASESORÍA