La agencia facilitará la movilidad de los trabajadores en los países miembros.

La Unión Europea tendrá a partir del año que viene una autoridad que podrá mediar y realizar inspecciones conjuntas con los países miembros en caso de conflictos laborales que vayan más allá de las fronteras de un estado. Los Veintiocho dieron ayer luz verde a una agencia que, además, facilite la movilidad de trabajadores dentro del continente, aunque algunos países lamentaron que se hayan rebajado sus competencias respecto a la propuesta inicial. Eslovaquia, Letonia y Chipre avanzaron que aspiran a que sus capitales alberguen la institución.

Los estados no siempre son capaces de hacer frente a un conflicto laboral por sí solos. El de Ryanair, que amenaza con reabrirse en Navidad, supuso la cancelación de cientos de vuelos después de que los trabajadores de la compañía de cinco países —entre ellos, España— decidieran ponerse en huelga. La aerolínea pretendía seguir aplicando la legislación irlandesa a sus empleados en lugar de la del país donde tenían su residencia. Los sindicatos y la misma empresa acudieron a Bruselas en varias ocasiones, pero la Comisión Europea poco podía hacer.

La solución seguirá siendo la misma: la vigilancia de que las empresas cumplan las reglas corresponde a las autoridades nacionales. Y la negociación colectiva estará en sus manos. Ahora bien, Bruselas tendrá una agencia con la que, a petición de los países afectados, podrá hacer que las partes afectadas se sienten en el caso de “disrupciones del mercado laboral a gran escala”, incluyendo reestructuraciones empresariales, cierres de fábricas o despidos colectivos.

El proyecto de la Comisión era más ambicioso que el adoptado ayer por el Consejo. Austria (que tiene la presidencia rotatoria) tuvo que hacer concesiones para atraer a los países más reacios a otorgar competencias. Los estados del Este aceptaron a regañadientes que la autoridad pudiera actuar en el transporte por carretera. En el lado contrario, España criticó que el proyecto inicial se haya ido diluyendo y que, por ejemplo, la futura autoridad no pueda mediar en asuntos que tengan que ver con la Seguridad Social.

Tal vez el punto que mejor ilustra el debate es el hecho de que, para satisfacer a varios países, Austria tuvo que cambiar el nombre de “autoridad” por “agencia” en el redactado. Lo lamentó la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen. “Es el nombre más claro para los ciudadanos, puesto que será el sitio que servirá para defender sus derechos”, sostuvo.

Aun así, varios países se mostraron confiados en que, durante las negociaciones que ahora encaran las tres instituciones —Comisión, Consejo y Parlamento Europeo— la entidad pueda recuperar algunas de esas cesiones. “Se trata de luchar contra el dumping social”, recordó Thyssen, quien quitó hierro a que en muchos apartados sea necesario que el estado colabore para poder intervenir. “No esperaba inspecciones que no contaran con el acuerdo del país miembro”, ilustró Thyssen.

La Comisión Europea no quiso ayer hablar del coste y las dimensiones de la estructura, aunque fuentes comunitarias aseguraron que este podría rondar los 50 millones de euros. La institución forma parte del llamado “pilar social” de la UE y es uno de los proyectos prioritarios para el presidente del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. “Lo importante es que esté operativa una autoridad en la que los estados miembros trabajen de forma permanente intercambiando información para que el mercado interior funcione sin sobresaltos”, añadió Thyssen.

Entre sus funciones, está la lucha contra los abusos y fraudes en el trabajo, facilitar la cooperación y el intercambio de información para que se apliquen las directivas, la formulación de análisis y la advertencia de riesgos en la movilidad laboral, así como la mediación en las disputas entre países miembros. También centralizará varios programas ya en marcha para la movilidad laboral dentro de la UE.

La Comisión Europea propuso ayer una tercera revisión a la directiva que limita la exposición de los trabajadores a cinco sustancias químicas cancerígenas, que se añadirán a las 21 que ya han sido objeto de limitaciones. Son elementos que se usan en sectores como el refinado, la fabricación de baterías, la construcción o el reciclaje. Bruselas estima que mejorará la vida de más de un millón de trabajadores y evitará 22.000 casos de enfermedades.

FUENTE.: EL PAÍS