El Consejo Europeo quiere poner fin definitivamente a las prácticas poco éticas en las empresas. La alta institución de la Unión Europea, integrada por los 28 jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, ha decidido tomar cartas en el asunto.

A partir de 2021, que es cuando entrará en vigor la nueva normativa europea, las personas que denuncien actuaciones irregulares en diferentes ámbitos gozarán de una mayor protección.

Estas nuevas normas están encaminadas a establecer cauces seguros para denunciar cualquier circunstancia ajena a la ley tanto en la empresa privada como en la pública. Asimismo, se obligará a los Estados miembros a formar a sus funcionarios y a informar a sus ciudadanos para que todos ellos estén al tanto de los cambios.

La campaña respecto al whisteblower, que es así como se conocen en inglés las denuncias internas la va a impulsar la Unión Europea para garantizar un nivel elevado de protección a quienes denuncien irregularidades o prácticas corruptas en sectores tan diversos, como la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la seguridad de los productos y de los transportes, la seguridad nuclear, la salud pública, el consumo o la protección de datos, tal y como informa Estela Martín.

El Consejo Europeo adoptó el pasado 7 de octubre formalmente nuevas normas sobre la protección de los denunciantes. Todos estos cambios venían a ratificar el acuerdo alcanzado el pasado 11 de marzo por los negociadores de la presidencia rumana y los del parlamento europeo sobre la directiva relativa a la protección de los denunciantes.

Las nuevas normas exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública– como a las autoridades públicas.

Además, brindarán a los denunciantes un elevado nivel de protección contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Ahora el acto legislativo se firmará formalmente y se publicará en el Diario Oficial. Los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las nuevas normas a su ordenamiento jurídico interno.

Entre los principales elementos del texto transaccional cabe mencionar los siguientes:

-Establecimiento de cauces de denuncia en empresas y administraciones: las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de diez mil habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana.

-Jerarquía de los cauces de denuncia: se anima a los denunciantes a utilizar en primer lugar los cauces internos de su organización antes de recurrir a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer. En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.

-Las nuevas normas brindan protección a numerosas categorías de personas: por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

-Un ámbito de aplicación amplio: las nuevas normas abarcarán ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la salud pública, etc. Con el objeto de aportar seguridad jurídica, en un anexo de la Directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados. Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.

-Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: las normas establecen salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes.

-También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias. La directiva incluye además una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

-Obligación de información para los poderes públicos y las empresas: las normas establecen la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

FUENTE: MUY PYMES