El Gobierno quiere elevarlo al 15%.

Apenas dos días después de conformarse oficialmente la alianza de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, los inversores huyen del parqué, los empresarios muestran su preocupación por las políticas económicas que se vayan a poner en marcha y las grandes empresas tiemblan ante la amenaza de que los firmantes cumplan con lo prometido en sus programas electorales y eleven hasta el 15% el Impuesto de Sociedades.

Y ayer, la Agencia Tributaria (AEAT) contribuyó a poner la primera piedra de la campaña de promoción gubernamental para justificar esta medida con la publicación de las cuentas anuales consolidadas sobre Sociedades. Según esta estadística, las grandes empresas solo tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable del 7,7% en el año 2017 –el último contabilizado–, cuando la realidad es que lo hicieron por encima del 26%, lo que desmontaría el argumento que avala la subida.

Este desfase se repite cada vez que el Fisco hace uso de estos datos. La abismal diferencia entre un resultado u otro tiene que ver con el método de cálculo utilizado. La AEAT suma todos los beneficios obtenidos por las empresas, independientemente del lugar donde se hayan obtenido. Esto, además de no reflejar los beneficios reales que deben tributar, significa que las empresas estarían obligadas a pagar dos veces, en el país donde obtienen los beneficios y en España. A estas irregularidades habría que sumar una tercera en el caso de las grandes corporaciones, ya que Hacienda sólo computa por el neto de los resultados contables positivos de todo el grupo, es decir, que si alguna de las filiales tiene pérdidas, estas no se ven reflejadas ni se deducen de los beneficios, con el consiguiente perjuicio.

Además del resultado de las grandes corporaciones, la estadística de la Agencia Tributaria desveló también que las medianas empresas tributaron al 14,07% y las pequeñas al 18,37%. De esta forma, la media total se situó en el 10,73%, frente al 10,46% del año previo.

Esto llevaría a pensar que, a menores ingresos más impuestos se pagan. Tampoco es el caso. A las razones antes expuestas hay que sumar una más. La ley tributaria permite a las empresas acogerse a deducciones y desgravaciones fiscales que, por volumen financiero, son mucho más elevadas en las grandes corporaciones. Si a ello le sumamos ayudas por reinversión de plusvalías, amortizaciones y creación de empleo, las grandes empresas pagarían lo que deben.

FUENTE: LA RAZÓN