Las firmas se preparan para aplicar la directiva europea que obliga a proteger de represalias a los alertadores de corrupción.

 “Cuando me despidieron después de volver de la baja no entendía nada. Yo solo había hecho bien mi trabajo”. Mar Uriarte denunció al banco en el que trabajaba, Bantierra Caja Rural de Aragón, por operaciones sospechosas de blanqueo por parte de ciudadanos chinos. Lo pagó con un despido, una depresión y el fin de su carrera profesional en banca: nadie ha vuelto a contratarla. Uriarte relata su calvario junto a su marido en una cafetería del centro de Madrid: “Salvo la Fiscalía Anticorrupción, me han desprotegido todas las instituciones del Estado. Si esto no cambia, nadie va a denunciar”. Además de la salud, Uriarte se ha dejado miles de euros en abogados tanto para denunciar a los directivos de la entidad como para defenderse. Sigue peleando: tiene denunciada a España ante la Comisión Europea por incumplir la directiva de blanqueo.

Uriarte habló el 9 de octubre pasado ante un salón de actos a rebosar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre los asistentes, muchos directivos de empresas escuchaban con atención. En breve las compañías de más de 50 trabajadores o con una facturación anual de más de 10 millones de euros van a estar obligadas a tener un canal de denuncias internas y un protocolo que asegure la confidencialidad y la tramitación diligente de la alerta. Después de años de tramitación, la UE acaba de aprobar la directiva que protege a los denunciantes de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Los Estados miembros tienen dos años para trasponerla a su legislación.

“La directiva afecta solo al ámbito laboral”, recuerda José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El texto deja fuera las denuncias de terceras personas. No tendría protección, por ejemplo, la persona que denuncia en lugar de un trabajador que no se atreve a hacerlo en su nombre, ni alguien que ha oído en la mesa de al lado de un restaurante una conversación incriminatoria, por más datos, nombres y fechas que pueda aportar. Mollinedo cree que los canales internos en las empresas no van a ser demasiado eficaces, salvo que se refieran a una mala práctica circunscrita a un departamento concreto: “Un trabajador no puede saber cómo de arriba llega la irregularidad que está denunciando”. Pone de ejemplo el caso de Acuamed, la empresa pública investigada en la Audiencia Nacional por el pago de sobornos de constructoras. La denuncia puede dirigirse a lo más alto de la cúpula, el director general, pero este cargo también podría estar involucrado, como ha sucedido presuntamente en Acuamed.

La novedad que mejor valora Mollinedo es la que obliga a los Estados a establecer un sistema de indemnización de daños en caso de que el denunciante, o whistleblower, como se les conoce coloquialmente en inglés, sea acosado o incluso despedido, es decir, si fallan los sistemas de protección. “Las indemnizaciones tienen que ser lo suficientemente disuasorias para no ser utilizadas para despedir a trabajadores incómodos”, dice. Pero, ¿qué es disuasorio? Sin duda, la cantidad no es la misma para una pyme que para una empresa del Ibex 35. “Habrá que ver cómo se traspone la directiva”, dice Mollinedo. El texto de Bruselas establece un marco común, pero cada país puede mejorar las disposiciones que contiene.

A la espera de que se trasponga la nueva directiva, solo 10 países europeos cuentan con una norma ad hoc que protege a los confidentes (Francia, Hungría, Irlanda, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Italia y Lituania). Este vacío legal supone, según un estudio publicado en 2017 por la Comisión, una pérdida de beneficios potenciales en la UE estimada entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales tan solo en la contratación pública. Según un informe de la ONG Blueprint for Free Speech, en el seno de la UE son las leyes irlandesa, seguida por la británica y la francesa, las que mejor cumplen con los estándares internacionales.

En España los dos intentos de aprobar una ley de protección de los denunciantes han fracasado. Ciudadanos presentó una en septiembre de 2016 que, aseguran fuentes del partido, “molestó mucho a PP y PSOE”, que “bloquearon la tramitación” hasta que se convocaron elecciones generales y la iniciativa decayó. En junio pasado, ERC y Compromís presentaron una proposición de ley de protección integral de los alertadores de corrupción que buscaba “mejorar la directiva” incorporando las sugerencias de la plataforma ciudadana XNet. Con la convocatoria de elecciones, también decayó.

La Comunidad Valenciana aprobó hace un año una ley que establece un “sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público”, apodada SATAN. Además, cuenta con la Agencia Valenciana Antifraude, que ya ha concedido su estatuto de protección a unos 20 denunciantes de posibles casos de corrupción. La Agencia ha fichado recientemente al informático Hervé Falciani para su consejo de participación ciudadana.

En España los dos intentos de aprobar una ley de protección de los denunciantes han fracasado

En el sector privado, la mayoría de grandes empresas ya cuentan con un canal de denuncias interno. En Telefónica, lo coordina el área de Auditoría Interna, explica Lidón Safont, directora del departamento de Compliance. “Está diseñado para que el denunciante que desee mantenerse en el anonimato pueda hacerlo con las garantías suficientes y además cualquier acción contra el empleado denunciante que pudiera entenderse como discriminación o represalia tendrá la consideración de infracción laboral”, explica. De las denuncias recibidas en 2018, el 44% resultaron fundadas y algunas acabaron con despidos.

“Hay que tener en cuenta que el alertador no volverá nunca a estar en la situación de antes”, recuerda Giorgio Fraschini, experto en whistleblowing en la ONG Transparency International Italia. El país transalpino ha sido uno de los últimos Estados europeos en aprobar una ley de protección de confidentes, a finales de 2017. Desde entonces las alertas han crecido, por lo menos las recibidas por la Autoridad Nacional Anticorrupción (783 en 2018, más del doble que el año anterior), organismo independiente que vigila la actuación de las administraciones y uno de los cauces habilitados para comunicar ilícitos en las entidades públicas, además del canal interno de cada organismo y la posibilidad de denunciar ante la fiscalía o el tribunal de cuentas.

“La ley es buena sobre el papel, incluso cuenta con un sistema electrónico encriptado para mandar alertas que nadie más tiene, pero es mejorable en la práctica: la gente quiere denunciar pero no sabe cómo, y las instituciones no están listas para tratar el tema de manera adecuada”, dice Fraschini. En lo que sí ve debilidades que confía solucionará la nueva directiva es en el sector privado, donde el sistema de alerta solo es interno y no es obligatorio.

La nueva directiva prevé apoyo financiero y legal para los denunciantes, explica Mollinedo, que coincidió con los whistleblowers de escándalos financieros recientes como el LuxLeaks en un jornada celebrada en 2016 en el Parlamento Europeo. “Empeñan su fortuna, todo su patrimonio para defenderse, contratando abogados del mismo nivel que las empresas”, subraya. La directiva habla de asistencia legal gratuita pero “no se moja”, añade. “En España este sistema son los abogados de oficio y esos no pueden competir con los de una multinacional”.

Fraschini se muestra favorable a recompensar de alguna manera a los confidentes “para que mantengan el estatus que les viene a faltar”. “Pero no al estilo de EE UU, cuyo modelo está diseñado para recuperar dinero; en Europa se denuncia porque es lo justo y la norma prevé que el confidente no tenga que pagar las consecuencias”, detalla. “Sería una paradoja que alguien que acaba en la cárcel por actos ilícitos sea recompensado con un premio de 100 millones al salir”.

Fraschini se refiere al exempleado del banco UBS Bradley Birkenfeld, que hace más de 10 años desveló cómo la entidad suiza ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos. Birkenfeld acabó en la cárcel acusado de conspiración. Pero a su salida le esperaban 104 millones de dólares, la mayor recompensa jamás concedida en EE UU por destapar un fraude fiscal. El revuelo causado por su filtración produjo las primeras grietas en el secreto bancario suizo, obligó a UBS a abonar una multa de 780 millones y llevó a más de 14.000 ricos estadounidenses a sumarse al programa de amnistía fiscal que permitió recuperar unos 5.000 millones en impuestos no pagados.

“El sistema promueve que los empleados corran el riesgo de informar a cambio de una recompensa, que se paga solo si hay éxito”, explica Stephen Kohn, socio del despacho estadounidense Kohn, Kohn & Colapinto y uno de los abogados que defendió a Birkenfeld. “La directiva europea no da incentivos para señalar fraudes, y los denunciantes solo son compensados después de sufrir el daño”, señala.

En su opinión, cada Estado miembro debería mejorar la directiva aclarando a qué compensaciones tienen derecho los alertadores, prohibiendo demandas judiciales de represalia y estableciendo recompensas por destapar fraudes bajo un esquema parecido al de EE UU. “Estas leyes funcionan mejor de lo esperado. Han permitido recuperar miles de millones de dólares y han dado a los confidentes el mejor nivel de protección”, defiende. “En 35 años de experiencia no ha habido impactos negativos”.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la denuncia de Mar Uriarte desde hace cuatro años. Presentó una querella que el juzgado de Instrucción número 16 de Madrid archivó en un primer momento porque consideró que los documentos que consiguió Uriarte eran “ilícitos”. La ex empleada de banca estuvo casi un año sacando documentación de su oficina, más de 100 expedientes en los que presuntamente aparecen indicios de blanqueo a través de la concesión de hipotecas.

La Audiencia Provincial ordenó que se siguiera investigando, pero el pasado septiembre el titular del juzgado, José Emilio Coronado, volvió a archivar sin haber tomado declaración a los directivos del banco. Anticorrupción ha recurrido de nuevo el archivo. En su recurso, el fiscal enumera algunos ejemplos de actividades sospechosas de blanqueo, como la concesión de una hipoteca a ciudadanos chinos que ganaban entre 412 y 766 euros y que hacían ingresos en efectivo de entre 2.000 y 3.000 euros en periodos cortos de tiempo.

La nueva directiva prevé que los denunciantes tengan “protección jurídica específica” cuando obtengan la información con motivo de sus actividades laborales y corran el riesgo de sufrir represalias laborales, por ejemplo, al no respetar la obligación de confidencialidad. Un texto que, en definitiva, pretende que Uriarte, o los denunciantes del banco Julius Baer, los papeles de Panamá o del Paraíso no sufran las consecuencias de haberse decidido a levantar la voz contra sus empresas.

Habrá que esperar dos años para saber cómo los Estados miembros implementarán la nueva directiva que protege a los denunciantes de corrupción. “Es un paso positivo que ayudará a crear una cultura para que al denunciar no te pongan el apodo de chivato, pero no supone una revolución”, opina José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado. “Esta y otras medidas que se están discutiendo a nivel internacional vienen muy motivadas por los recientes escándalos de los paraísos fiscales, que suponen un mazazo en la conciencia de los ciudadanos”.

El cuerpo de los Inspectores de Hacienda del Estado lleva años pidiendo más medidas para luchar contra el fraude. En su último congreso, celebrado el mes pasado en Zaragoza, exigió un regimen sancionador más duro para quienes ofrezcan productos de ingeniería fiscal ilícitos, reivindicó la posibilidad de actuar en incógnito y volvió a hacer hincapié en la necesidad de fomentar la protección de los confidentes e incluso recompensarlos económicamente.

“No proponemos un modelo concreto”, asegura Peláez, quien recuerda que hasta 1988 la ley permitía remunerar a los contribuyentes que señalaran un delito fiscal con un porcentaje de la sanción impuesta. “Entonces el fraude no estaba muy mal visto y los chivatos sí”, dice, “pero la ley de contrabando ya permite el pago a confidentes, y solo pedimos que se amplíe a los delitos fiscales”.

La disposición adicional segunda de la ley orgánica de represión del contrabando establece que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda destinar una parte de los presupuestos “a operaciones confidenciales” (principalmente en caso de contrabando, blanqueo de capitales y narcotráfico, explican fuentes de Hacienda), es decir al pago de alertadores u otras actuaciones reservadas. El año pasado, destinó 100.860 euros a esta partida, de los cuales solo gastó 17.020.

“Lo ideal es que casos como los papeles de Panamá se hubiesen descubierto por una investigación de los Estados miembros, no a través de una filtración”, comenta Peláez. “Pero sin estos escándalos la directiva no hubiera salido”.

FUENTE: EL PAÍS