El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Vicente Magro ha afirmado esta mañana que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer. "El 54% de los delitos en esta materia son hacia adentro, como la apropiación indebida o la administración desleal, que no conllevan responsabilidad de las personas jurídicas".

Vicente Magro ha intervenido en el panel El registro de peritos en compliance del Ministerio de Justicia, en el marco del V Congreso Nacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y dirigido por Alain Casanovas, que reúne a cerca de 200 especialistas en cumplimiento normativo y que se celebra hoy en el Auditorio Caja de Música de la madrileña Plaza de Cibeles. Desde su primera edición en 2014, el Congreso Nacional de Compliance se ha convertido en el foro de referencia para los profesionales del cumplimiento normativo.

Magro ha indicado que al juez le resulta complejo determinar si estamos ante un programa cosmético, para lo que es fundamental la figura del perito. "La función del perito es informar, no valorar ni ofrecer la exención de la responsabilidad en el informe de pericia. La valoración es competencia exclusiva y excluyente del juez". Según sus palabras, los jueces no pueden rechazar periciales de cumplimiento normativo, que conllevan su dificultad, pero también ha destacado que el perito no puede hacer valoraciones jurídicas.

¿Cómo se valida quién tiene la cualificación precisa y exigente para intervenir como experto de compliance? Para este magistrado del Alto Tribunal, "serían necesario un instituto de compliance, que podría gestionar Thomson Reuters, igual que se ha hecho en otros ámbitos y que acredite su capacitación".

Desde la magistratura se ha valorado en el Congreso la jurisprudencia reciente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concreto, el magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Andrés Martínez ha afirmado que la ley busca que exista una separación entre la persona física y la jurídica. "Nadie puede ser obligado a colaborar en su propia condena, a declarar contra sí mismo". Se ha preguntado si la persona jurídica tiene obligación o no de colaborar con la Administración. Su opinión ha sido que, si partimos de un concepto de acción penal normativa, esa persona jurídica la reconocemos como sujeto de derechos no es igual que una persona física por lo que el principio nemo tenetur en este caso no aplica.

Mª Ángeles Villegas, letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal) del Tribunal Supremo, ha destacado que se debe diferenciar entre la responsabilidad de la persona física y la persona jurídica." Villegas ha finalizado su intervención indicando que queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la confidencialidad y que, a su juicio, la persona jurídica goza de los mismos derechos que la física.

Alejandro Abascal, magistrado en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que ha querido poner el acento en que "nueve años después, cada vez cuesta menos entrar en la autorresponsabilidad personas jurídicas". Bajo su óptica, hay que tomar posición: "Nos movemos entre si hay responsabilidad o simples actitudes sin responsabilidad delictiva".

Bajo la presentación de Jaime Barbero, Head of Tax & Legal Value Proposition de Thomson Reuters varios expertos han abordado la temática Riesgos de Compliance, oportunidades derivadas del blockchain y otras tecnologías disruptivas. El director de Cumplimiento de Iberdrola España, Fernando Fraile, ha asegurado que la función del cumplimiento sigue muy pegada al papel y hay que acercarla a la tecnología. "Debe haber un registro con autentificación de los profesionales que han hecho la revisión, igual que ocurre cuando alguien quiere acudir al registro mercantil". Para ello Iberdrola España ha creado con otras empresas como Deloitte, Uría Menéndez y Aenor una plataforma piloto en blockchain para poder hacer estas consultas.

Alejandro Sánchez del Campo, of counsel para startups and open innovation en Garrigues, considera que las empresas tecnológicas están dominando el mundo, lo que plantea retos. "¿Qué política de inteligencia artificial tiene nuestra empresa; cómo regulamos el internet de las cosas?". Según Sánchez del Campo, todo esto plantea nuevos retos para el legislador, como la inteligencia artificial, pero también para los abogados y los jueces.

En otros términos, Francisco Pérez Bes, director del área de derecho y economía digital de Gómez-Acebo & Pombo, ha señalado que, desde el punto de vista legislativo, llama la atención cómo ha cambiado el legislador con respecto a las ciberamenazas. Perez Bes ha destacado la generalización del concepto del ciberseguro con pólizas que garantice los posibles daños de los ciberataques y guiarle en los supuestos en los que surja un incidente.

En el último panel de la mañana, La ubicación de la función del Compliance en el organigrama empresarial, José Manuel Garcelán, director de Compliance de Grupo Antolin, ha incidido en que las mejores prácticas de gobernanza son claves para el desarrollo sostenible del negocio y la creación de valor. "En Grupo Antolin, tenemos un modelo de Compliance que garantiza la autonomía, imparcialidad e independencia del director corporativo de Compliance. En términos de dependencia funcional, reporto a la comisión de Buen Gobierno, pero jerárquicamente reporto al Consejero Delegado dotando de suficiente autoridad y legitimidad al cargo".

Para finalizar, Pía de la Cuesta, Regional Compliance Officer de Thyssenkrupp, ha afirmado que la función de compliance en su compañía la componen unos 70 compliance officer, apoyados por unos 350 compliance managers. Añade De la Cuesta que, a pesar de esa estructura, "que es internacional, en nuestra operativa diaria tenemos una gran autonomía".

En la apertura del Congreso, que ha contado con el patrocinio de Kroll, a Division of Duff & Phelps; Salvide Abogados y BL & TECH, el director de Publicaciones y Formación de Thomson Reuters España, Daniel Tejada Benavides, ha agradecido la presencia de los más de 200 asistentes y el esfuerzo de los patrocinadores. A su vez, ha puesto en valor este evento "de referencia para el fomento de las culturas de cumplimiento en el seno de las organizaciones y el crecimiento profesional de la figura del compliance officer en España".

FUENTE: LEGAL TODAY