Insolvencias empresariales como consecuencia del fin de los ERTES.

Con el fin definitivo de los ERTE se espera un importante incremento de solicitudes de concursos de acreedores

Desde que comenzara la pandemia, el panorama empresarial se ha visto inmerso en un sin fin de modificaciones legislativas que han supuesto un reto a la hora de gestionar esta nueva situación en las empresas. En concreto, las sucesivas prórrogas de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) han provocado, en muchos casos, un retraso en la toma de decisiones para los empresarios que, en muchos casos, puede estar enmascarando una situación de insolvencia.

Durante la situación que hemos vivido con los ERTE, muchos empresarios han visto cómo el control y organización de sus plantillas pasaban por momentos tensos en los que la incertidumbre formaba parte del día a día, sobre todo al no poder dar una respuesta clara sobre los despidos o reincorporaciones, ni tampoco los plazos a los que se enfrentaban.

Y cuando parecía que los ERTE llegaban definitivamente a su fin, los mismos han quedado nuevamente prorrogados hasta el próximo 28 de febrero de 2022, acrecentando las dudas e incógnitas ante los posibles escenarios a los que tanto las empresas como sus empleados se van a enfrentar y generando nuevos conflictos en el seno de las organizaciones, que perjudican y tensan el clima laboral.

Pese a que el objetivo inicial de la prórroga de los ERTE fuera conseguir garantizar la solvencia de las empresas, el resultado no ha sido tan positivo como se esperaba y son varias las consecuencias ya visibles en el tejido empresarial. En primer lugar, el retraso en la toma de decisiones dificulta y, consecuentemente, debilita la estructura de muchas empresas que ya no cuentan con la capacidad suficiente para asegurar su viabilidad y solvencia.

Pese a que los ERTE se presentaban como una medida que suspende temporalmente la relación laboral debido a la falta de recursos de las empresas para hacer frente a sus salarios con motivo de la Covid-19 y que trataban de dotar a las compañías de capacidad para recuperarse de la situación negativa producida por la pandemia, lo cierto es que con el fin de los ERTE se va a llegar en muchas ocasiones a situaciones negativas irrecuperables o incluso a situaciones de insolvencia, que finalmente obligaran a las empresas a realizar despidos objetivos colectivos de las plantillas (ERE).

El despido objetivo supone un alto coste empresarial, ya que conlleva la obligación de indemnizar a todos los trabajadores que resulten afectados por la medida, y en ciertos casos  conlleva otro tipo de obligaciones adicionales como los planes de recolocación o los convenios especiales con la Seguridad Social. Por ello, la solvencia empresarial se va a ver aún más afectada, en tanto muchas entidades se enfrentarán a la imposibilidad de hacer frente a los costes sociales asociados a los despidos.

En consecuencia, con el fin definitivo de los ERTE se espera un importante incremento de solicitudes de concursos de acreedores, que, de haberse presentado antes, posiblemente hubiera facilitado tanto a los administradores sociales, a la administración concursal y a todos los agentes implicados la obtención de medidas de reestructuración para la supervivencia de las entidades.

Por todo ello, es necesario que los empresarios conozcan todos los mecanismos de reestructuración que tienen a su disposición, para enfrentarse a este nuevo paradigma que, sin duda, requerirá de un asesoramiento personal de expertos en el que se analicen los diferentes escenarios a los que las empresas se van a enfrentar en el corto plazo para, así, tratar de dar respuesta a sus dificultades y conseguir garantizar su supervivencia.

FUENTE: EL DERECHO.COM

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