Viviendas para alquiler social

Esta nueva finalidad social de SAREB se conjugará con el objetivo de recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste para el contribuyente, según ha informado el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha sido informado sobre el Plan de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) que movilizará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.

SAREB cuenta actualmente con un stock potencial de vivienda terminada para uso social de 21.000 unidades, que pondrá a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para su venta; además de otras 14.000 ya habitadas, en las que está trabajando para identificar a las familias vulnerables y ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento laboral; y dispone de suelos en los que podrían promoverse hasta 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.

Esta iniciativa se integra en las actuaciones previstas en el Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, que tiene el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades y se suma a las medidas en marcha para facilitar el acceso a una vivienda digna, como el Bono de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética de edificios financiada con fondos europeos.

Nueva estrategia social de SAREB

Esta nueva estrategia de SAREB se enmarca en los cambios introducidos desde la toma de control de la entidad por parte del Estado y su incorporación al perímetro público en abril de 2022.

Además del refuerzo de la dirección de la entidad y puesta en marcha el diseño de la estrategia, se ha designado un Consejo Asesor, de carácter consultivo y no retribuido, integrado por expertos en materia de sostenibilidad social para facilitar el desarrollo de las actuaciones en este campo. Está integrado por Antón Costas (presidente del Consejo Económico y Social), Carme Trilla (presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona), la reconocida arquitecta Fuensanta Nieto y la investigadora de la Cátedra UNESCO de Vivienda, Nuria Lambea.

Ejes o líneas de gestión de la nueva estrategia de SAREB

1. Viviendas para uso social destinadas a acuerdos de venta con CCAA y ayuntamientos

Las 21.000 viviendas identificadas para uso social de SAREB se movilizarán a través acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social y asequible.

En esta línea de actuación figuran acuerdos con la Comunidad Valenciana, Galicia o el Ayuntamiento de Madrid. Se están negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo acuerdo de venta.

Se contemplan, a su vez, convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables.

2. Refuerzo a la inclusión social a través de la vivienda

Para la gestión de las 14.000 viviendas ya habitadas, se desarrolla una estrategia de alquiler social y de acompañamiento en la inclusión de las familias vulnerables.

Con esta línea se ofrecen contratos de alquiler social a familias teniendo en cuenta su nivel de renta y se les ayuda en la regularización de su situación, la búsqueda de empleo, el acceso a los servicios sociales y a las prestaciones a las que tienen derecho, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital.

3. Cesión de suelos urbanizables

También se pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable para la construcción de unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible, que se desarrollará a través de la colaboración público-privada.

Por otra parte, además de las operaciones de vivienda, SAREB ofrecerá a las administraciones públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos.

Esta venta de suelos también contribuye al objetivo de cohesión territorial en el marco del Proyecto Reto Demográfico para implantar proyectos empresariales y de industrialización en la España rural.

FUENTE: EL DERECHO

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